La decisión de no publicar el nombramiento de los Consejeros que ha firmado el President Torra, además de una torpeza política, es un ataque tan frontal a las normas esenciales de nuestro ordenamiento, que bien podría definirse como ‘golpe de Estado’ jurídico. Con esa carta, el Gobierno de Mariano Rajoy se declara desobediente a la Constitución y al Senado. Mantiene ilegítimamente competencias sobre la Generalitat que no le corresponden y nos aboca a todos a un abismo jurídico de proporciones incalculables.