El documento elaborado por la IGAE en febrero de 2014 a petición de la Fiscalía Anticorrupción y entregado ahora al juez Ruz revela que parte de la hipoteca del inmueble se sufragó con donativos entregados por ciudadanos para dar seguridad privada a los cargos 'populares' en Euskadi. También señala que al menos once entregas de dinero "no pasaron por la contabilidad" oficial del partido.