el complejo equilibrio entre la conservación de una especie protegida como el lobo ibérico y la respuesta de la administración a los ataques de fauna salvaje que dañan a los ganaderos camina por un hilo muy fino en los últimos meses tras la apuesta por el Ejecutivo central de vetar todo tipo de caza del cánido y la respuesta de las comunidades del noroeste (Galicia Asturias, Castilla y León y Cantabria) donde habitan el 95% de los animales de la península que consideran que invade sus competencias.