Funcionarios del Servicio Secreto de Estados Unidos discutieron sobre si necesitaban una orden judicial para utilizar los datos de localización recogidos de las aplicaciones ordinarias instaladas en los teléfonos inteligentes, con algunos argumentando que los ciudadanos han aceptado ser rastreados con esos datos al aceptar los términos de servicio de aplicaciones, a pesar de que esas aplicaciones a menudo no dicen que sus datos pueden terminar con las autoridades, según cientos de páginas de correos electrónicos internos del Servicio Secreto.