Un informe de la Intervención General del Estado corrobora que el Ministerio de Medio Ambiente adjudicó en 2003 a la empresa donante en negro del PP, Constructora Hispánica, un contrato en Santoña a pesar del informe del interventor que advirtió de la manipulación de las puntuaciones del concurso y del incumplimiento de la ley por los sobrecostes.