En el informe de la Intervención de 2022-2023 destaca la cuarta prórroga del polémico Expediente de contratación de emergencia 110/21. Los auditores afean a la Junta, otra vez, que “no aporte justificación de que dichas actuaciones sanitarias estén relacionadas directamente con el COVID-19. Tampoco se aporta justificación de la imposibilidad por parte del órgano gestor de promover procedimientos de licitación que permitan la libre concurrencia, la igualdad, la transparencia entre los licitadores”.