Manuel Gómez, el que fuera interventor del gobierno andaluz entre los años 2000 y 2010, ha confirmado que la Intervención a través de distintos informes alertó en distintas ocasiones de las irregularidades que se estaban cometiendo en torno a este sistema de ayudas sociolaborales en Andalucía pero que la Junta hizo "oídos sordos" de las advertencia mirando así "para otro lado". A su salida del Alto Tribunal, Gómez ha explicado que si fueran ciertas las acusaciones de Chaves y Griñán sobre la Intervención afectaría a "decenas de funcionarios"