Algunas comunidades autónomas con escasa liquidez han empezado a girar liquidaciones a los arrendatarios para cobrar el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales (ITP) en los contratos de alquiler. Si el inquilino no lo abona, se lo podrán reclamar al propietario. El plazo para exigir dicho pago es el de cuatro años.