En el documento, informan a la Relatora Especial de diversas iniciativas del Gobierno español que, explican, “están erosionando el principio de separación de poderes”, lo que conlleva el “debilitamiento tanto del Poder Judicial como del Estado de Derecho”. Se trata de la primera iniciativa de estas características que se presenta ante la ONU y se ha acordado plantearla ante la gravedad de la situación.