La entidad sectorial manifestó “su rechazo a la incorporación, en el proyecto de ley de presupuesto nacional, de una cláusula que pretende -una vez más- violentar la cláusula constitucional que protege los salarios del Poder Judicial y los Ministerios Públicos” y reiteró el argumento de la “intangibilidad” y la exención del impuesto a las ganancias decidida por la Corte Suprema menemista en 1996. Un impuesto a las ganancias decidida por la Corte Suprema menemista en 1996. Un privilegio que separa a los magistrados del resto de los trabajadores.