El juez le dijo que no se hiciera "el tonto", que no le iba a servir de nada. Le condenaron a 25 años de prisión y, tras haber pasado ya 11 entre rejas, el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU ha ordenado en un contundente dictamen que se repita el juicio y se le indemnice convenientemente. Considera que se vulneró su derecho a la defensa al no tenerse en cuenta en el proceso judicial que sufría una discapacidad intelectual del 73% que le impedía comprender y responder a lo que se estaba enfrentando.