Uno de los expedientes es el de UGT-A de 18 millones de euros que el Gobierno de Susana Díaz guardó en un cajón y a punto estuvo de prescribir, pero se reactivó en octubre de 2019. El fraude de los cursos de formación ni era ningún bluf, como mantenía el anterior Gobierno de Susana Díaz, ni está totalmente cerrado. El Ejecutivo andaluz del PP y Cs, que preside Juanma Moreno, sigue tirando en la actualidad del hilo sobre el monumental enredo que había con las subvenciones millonarias para la formación y ya ha logrado resolver 3.325 expedientes