La Junta de Andalucía utilizó la Administración paralela para financiar las entidades locales (ayuntamientos, diputaciones y mancomunidades) y así evitar el control presupuestario en el plan de cooperación municipal 2009-2013, según un informe de 68 páginas de la Cámara de Cuentas de Andalucía. El programa se promulgó “sin una previsión de la financiación destinada a su ejecución ni el escenario de partido o diagnóstico de la situación de Andalucía en la fecha de su puesta en marcha".