La denuncia que ha provocado la apertura de diligencias ha sido presentada por el sindicato Manos Limpias, dirigido por Miguel Bernad, que fue condenado en primera instancia a cuatro años de prisión por un delito continuado de extorsión y otro de estafa. Sin embargo, el Tribunal Supremo le absolvió recientemente al considerar que no existían pruebas suficientes de las presiones que se le atribuían.