La Generalitat Valenciana avanza en el recuento de las viviendas vacías de la Comunitat que se encuentran en manos de propietarios de grandes volúmenes de inmuebles. La comunicación de este tipo de activos consta como obligatoria en la Ley Por la Función Social de la Vivienda -conocida como la 'ley antidesahucios' valenciana-, un texto que fue rebajado por el Tribunal Constitucional pero en cuyo articulado el Consell conserva herramientas para exigir que se informe de los bienes en desocupados y multar en caso de falta de colaboración.