Fue en un Consejo de Ministros de marzo de 1987 cuando el Gobierno de Felipe González consideró que las actas del JIMDDU debían permanecer secretas aparándose en la ley de secretos oficiales de 1968, tal y como recuerda Greenpeace. Una decisión que el PSOE tomó un año después del referéndum de la OTAN y al mismo tiempo que El País desvelaba el comercio de armas que había realizado España con Pinochet.