La Comunidad de Madrid financia con dinero público a la Fundación Filia de Amparo al Menor, para que los madrileños accedan de forma "gratuita" al servicio de coordinación de parentalidad que esta organización intenta implantar en nuestro país desde hace varios años. Se trata de una figura que no está regulada en ninguna ley, que no tiene funciones definidas, ni un programa homologado de formación de los profesionales que la practican, pero que cada día se utiliza más en juzgados españoles en procesos de separaciones conflictivas.