Los maestros consideran que, con esta medida, la autoridad educativa está anteponiendo el derecho a la educación de dos niñas frente al derecho a la salud de toda la comunidad educativa del centro, conformada por más de 500 personas. "En nuestro centro hay personas vulnerables por motivos de salud y edad. Nos están obligando a exponernos y a exponerlos a una enfermedad graves que, en muchas ocasiones, es mortal" defienden los trabajadores del colegio.