Mas de un centenar de firmantes, principalmente familias de niños con necesidades educativas especiales, pero también representantes de organizaciones de diversidad funcional y expertos en educación, han hecho pública una petición colectiva. En ella denuncian que España discrimina y vulnera derechos fundamentales de estos menores y de sus familias contenidos en las leyes nacionales y en los tratados internacionales ratificados por nuestro país.