El Ayuntamiento pide a 1.500 inquilinos de pisos sociales de Madrid que firmen un nuevo contrato que excluye la prórroga automática. Unos 500 se niegan a firmar. Este cambio contractual abre la puerta a que la Empresa Municipal de la Vivienda les desaloje o les suba las cuotas del alquiler cuando estime oportuno. Son alquileres de protección social para gente de bajos recursos.