La empresa, que había construido una planta de tratamiento que nunca puso en marcha, procedió a verter disimuladamente y amparada en una “supuesta evaporación”, consiguiendo “eliminar” el enorme volumen de aguas ácidas contaminadas, ahorrando un coste de más de 20 millones de euros en descontaminación de esas aguas, mediante una actuación completamente ilegal que ha contaminado más si cabe la ría de Huelva.