La organización independentista entiende que el archipiélago no tendría que sufrir el despotismo español en cuestiones como las prospecciones y posibles extracciones, cuyos derechos, el Ministerio de Industria español, ha facilitado a Repsol, poniendo en riesgo una zona de especial sensibilidad ecológica, así como la tan dañada economía de Canarias.