El caso de una víctima de la Operación KPanda que investiga la Guardia Civil y que los grandes medios de comunicación ocultan. El Ministerio de Defensa subcontrata a trabajadores civiles de forma ilegal e irregular para evitar contratar a díscolos funcionarios, cobrando comisiones y colocando a sus familiares en puestos de empleados despedidos por las empresas que eligieron a dedo. Como bien dice el denunciante, "un ejército existe para defender y servir a su pueblo, no para explotarlo y servirse de él". Su caso ha llegado al Tribunal Supremo.