Los ICO morosos se han multiplicado por cuatro en solo un año. En marzo de 2021, habían pasado a fase 3 unos 1.100 millones de euros y doce meses después, esta cifra se ha elevado hasta los 4.660 millones. Esto implica que el Estado, que es quien los avala, ya tiene que asumir 3.500 millones en pérdidas, porque estos créditos con garantía pública que se concedieron en el inicio de la pandemia para inyectar liquidez en las empresas, están cubiertos entre un 60% y un 80%. El resto, lo asume la banca.