Cuando hablamos de regular el mercado de la vivienda, en este caso el alquiler, inmediatamente se producen reacciones como: «si el precio es elevado pero hay gente dispuesta a pagarlo, ¿cuál es el problema?, es la ley de la oferta y la demanda (¡el mercado, amigo!)». Pero el hecho de que en España los sucesivos gobiernos hayan optado por proteger los intereses de las constructoras y los bancos por encima de otros colectivos menos favorecidos, no tiene nada que ver con el libre juego del mercado. Se trata de una mera elección política.