Incluso más que el Brexit, la crisis constitucional más grave de España desde su transición a la democracia en la década de 1970 podría presagiar nuevas disputas de soberanía e inestabilidad democrática. Y los 12 acusados, que son ex funcionarios del gobierno catalán, miembros del parlamento y líderes de la sociedad civil, no estarán solos frente al veredicto.