Reducir la duración de las okupaciones de vivienda y locales, evitar el desamparo del propietario y, sobre todo, disuadir a las “empresas” que aprovechan las lagunas del marco jurídico para promover esta práctica ilegal. Esos son los tres grandes objetivos de la propuesta de articulado de ley elaborada por José María Gimeno Feliu, catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de Zaragoza, en la que plantea que los notarios, en su condición de funcionarios públicos, puedan resolver mediante un rápido proceso administrativo provisional.