Ante un riesgo de dejar de cobrar los propietarios se decantan claramente por inquilinos que den menos problemas, con ingresos más altos y descartando familias con niños y si son monoparentales aún más. Esta situación creada por el Gobierno con una ley mal diseñada no es una novedad. El Estado en muchas ocasiones deja en manos privadas los costes del mantenimiento de las personas que necesitan ayuda. Es decir, el Estado en lugar de hacer su trabajo, deja la protección de los vulnerables en manos privadas que no tienen nada que ver.