La sección quinta de la Audiencia en Vigo ha condenado a once años de prisión a una educadora social por un delito continuado de abusos sexuales hacia una menor del centro tutelado en el que trabajaba. El fallo le impone además otros cinco años de inhabilitación para ejercer cualquier oficio o profesión que suponga contacto con menores, ocho años de libertad vigilada, quince de alejamiento y prohibición de comunicarse con la víctima, el pago de 8.000 euros de indemnización y la obligación a someterse a cursos de reeducación sexual.