Amnistía Internacional y Médicos del Mundo acusan al Gobierno canario de "vetar el acceso al derecho universal a la salud" a personas vulnerables como los inmigrantes, al exigirles pagar facturas de miles de euros por servicios sanitarios.La reforma sanitaria privó a los inmigrantes irregulares de la cobertura sanitaria en España. En Canarias unas 45.000 personas estarían afectadas.