Aunque la competencia estatal ampara la creación de entidades colaboradoras y el otorgamiento de subvenciones previstas en el Real Decreto 535/2013, de 12 de julio, la sentencia dictada por la Sala III del Tribunal Supremo, a instancias del recurso de la Generalitat de Cataluña, declara nulo dicho decreto, estableciendo que la competencia exclusiva en materia de asistencia social es de las Comunidades Autónomas que la tengan en sus estatutos, como es el caso de Cataluña, poniendo en peligro la financiación de muchos programas sociales de ayuda.