Las fuerzas de seguridad de Venezuela son sospechosas de la muerte de cientos de manifestantes y acusados de crímenes disfrutan de inmunidad judicial, lo que indica una "virtual ausencia" del estado de derecho en el país, dijo el viernes la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Pidió al gobierno que lleve a los perpetradores ante la justicia y dijo que enviaría su informe a la Corte Penal Internacional (CPI), cuyo fiscal abrió en febrero una investigación preliminar sobre supuestas violaciones.