La justicia nos dio la razón con una sentencia contundente. Con esto decaerán las restricciones a la circulación en la ciudad de Gijón. El anterior gobierno se negó a cuantificar los efectos económicos de la norma y tampoco se hizo ninguna medición para ver los efectos positivos o negativos. No se estaba en contra de la norma y de rebajar la contaminación, pero sí de las formas; sin ningún diálogo y con una imposición que hubiese supuesto un coste de unos 600 millones a los Gijoneses para cambiar su coche.