A los múltiples problemas que se le acumulan al Gobierno en los últimos días parece sumarse uno más que por el momento es sólo un aviso pero que podría dar algún dolor de cabeza si las cosas no salen bien. Se trata de los contratos de alquiler de renta antigua para comercios, unos contratos que se establecieron con la ley de arrendamientos urbanos de 1985 y que debían de desaparecer, según la propia norma, en 1995.