Un tribunal neerlandés ha decidido que SyRI (acrónimo de System Risk Indication), un sistema de análisis para rastrear posibles fraudes al Estado utilizado por el Gobierno, “no respeta la privacidad del ciudadano y vulnera el artículo 8 de la Convención Europea de Derechos Humanos”, relativo al derecho a la vida privada. En octubre, el relator especial de la ONU sobre pobreza y derechos humanos, remitió un informe al tribunal criticando que SyRI “señala a los ciudadanos con menos renta y a grupos de población de origen inmigrante”