Las empresas eléctricas y gasistas tendrán que rascarse el bolsillo. Así lo ha decidido el Tribunal Supremo que ha avalado la tasa municipal por la utilización del dominio público de sus instalaciones de transporte de energía. Miles de municipios del territorio español podrán reclamar a las compañías eléctricas y de gas este gravamen que llevaba en los juzgados varios años tras negarse las empresas a pagarlos por negar su existencia o creer que eran desproporcionados.