El fondo de pensiones privado y gestionado desde Luxemburgo, al que pudieron unirse los eurodiputados entre 1991 y 2009, está abocado a la quiebra como muy tarde en 2025. La Mesa del Parlamento Europeo está barajando una opción que podría generar un importante escándalo en la opinión pública: rescatarlo total o parcialmente con el Presupuesto del Parlamento, es decir, con el dinero de los contribuyentes. La factura podría ascender a un máximo de 313 millones.