"Real Decreto-ley 15/2017, de 6 de octubre". Con este nombre jurídico se aprobó la modificación en la ley de Sociedades para facilitar la movilización de empresas fuera de Catalunya tras el referéndum de 1 de octubre de 2017. Aunque sus efectos reales sobre la economía continúan siendo controvertidos, para los independentistas la modificación simbolizó un importante agravio, pues lo consideraron la prueba de que el Gobierno atacaba directamente el tejido empresarial catalán.