La Generalitat de Catalunya mantuvo un "servicio ilegal de espionaje" a través de los Mossos d’Esquadra que tuvo como objetivos a "partidos políticos, activistas, personajes públicos o privados, entidades y plataformas, todos ellos de marcado perfil unionista o constitucionalista", según los informes de la Policía Nacional entregados a la jueza de la Audiencia Nacional Carmen Lamela.