Cuando comencé a hacer mi labor fiscalizadora no tenía problemas para acceder a expedientes, pero cuando empecé a hacer la denuncia política comenzaron los problemas para obtener información. A veces he tenido que amenazar con ir al juzgado si no se me daba la información solicitada. En el caso de Imelsa [Impulso Económico y Local], la empresa pública en la que se centra la denuncia, he estado un año pidiendo la información y la hemos recibido hace muy poco.