(...) Imaginen un país donde el 65% de la población es negra pero estos solo ocupan un 15% de los puestos políticos. Nadie dudaría en considerar que existe un problema estructural de discriminación que se manifiesta limitando el acceso al poder de un colectivo en base a un marcador evidente: la raza. Pues bien, en Cataluña y el País Vasco se cumplen esas condiciones; claro que la marca no es la raza, sino el apellido. El criterio de discriminación no es estrictamente racial, sino etnolingüístico.