Tanto desde la capital europea como desde la sede del Gobierno español la información era la misma: "La Eurocámara quiere que para librar los fondos se obligue a los Estados a respetar los derechos humanos; la Comisión, que se cumplan recomendaciones de política económica como si fueran condiciones; y en el Consejo, los países del norte pelean por imponer un procedimiento muy burocrático, lleno de trabas".