El acuerdo se apoya en un informe favorable de los servicios jurídicos de la Cámara Alta que establecen que, "a la vista de los problemas" que se suceden por la tramitación de solicitud de información y de las preguntas con respuesta escrita, sí procede establecer criterios para "modular" que un derecho consolidado tenga "una utilización abusiva". El informe hace hincapié en el aluvión de peticiones de información realizada "por un número relativamente limitado" de senadores.