Una sentencia del Tribunal Constitucional (TC) refrenda la decisión del Gobierno de España de no renovar las ayudas a la compra de Viviendas de Protección Oficial (VPO) a un total de 300.000 compradores del país, de los que 20.000 son residentes de la Comunitat, según estima la plataforma Afectados por la Supresión de la Subsidiación de Préstamos VPO.