Una sentencia judicial demoledora ha puesto sobre la mesa el grave problema del proceso de escolarización vigente en Andalucía y evidencia la arbitrariedad con la que actúa la Administración andaluza en muchos casos. La Administración andaluza elude “depurar las responsabilidades internas que procedan” ordenadas por un juez tras constatarse procedimientos arbitrarios en la escolarización de niños al margen de la ley.