El partido ha presentado en el Parlament una iniciativa legislativa para que todas las administraciones usen el castellano en su actividad diaria y en sus comunicaciones. La proposición de Ley va en contra de la Ley de Normalización Lingüística de 1986 y el propio Estatut d'Autonomia. El objetivo de la proposición de ley es la creación de la denominada Oficina de Garantía de la Libertad Lingüística, y a través de ella imponer multas de hasta 100.000 euros por incumplimiento del uso del español.