UGT presentó una denuncia contra el Gobierno ante el Comité Europeo de Derechos Sociales en mayo de 2022, admitida a trámite en octubre del año pasado y cuya resolución se espera para finales de 2023. El sindicato entiende que la normativa laboral española viola los principios legales comunitarios en materia de despido, ya que en aquellos casos en los que se produce el final de la relación laboral por motivaciones ajenas al desempeño del trabajador las indemnizaciones que estos reciben no compensan el daño ocasionado.