Uno de los mayores problemas que han afectado la calidad de vida de la población en España ha sido la disminución de los recursos asignados al sistema sanitario público, consecuencia de los enormes recortes del gasto público social (incluyendo el gasto público sanitario) que los gobiernos españoles y los autonómicos (y con especial ahínco el de la Generalitat de Catalunya) realizaron a fin de alcanzar la reducción del déficit público, sacrosanto objetivo del neoliberalismo imperante, cuya aplicación ha tenido consecuencias muy negativas.