Cuatro meses han pasado desde que se deliberaron los recursos contra la sentencia del caso Bárcenas, que expuso la financiación ilegal del PP y el uso de dinero negro para costear la reforma de su sede. Sin embargo, la sentencia sigue sin ver la luz. En juego está una cuestión trascendental: determinar si las donaciones ilegales a las arcas del PP están exentas del pago de impuestos, como dictaminó la Audiencia Nacional, o si, el partido debe abonar el impuesto de sociedades correspondiente, lo que implicaría su condena por delito fiscal.