El Tribunal Constitucional ha inadmitido los recursos de amparo presentados por familiares de Lasa y Zabala, militantes de ETA asesinados por los GAL en 1983, contra la decisión de que no reciban la indemnización complementaria prevista en la ley de víctimas del terrorismo. El Constitucional avala que queden excluidas de esas ayudas complementarias quienes participen en delincuencia organizada o pertenezcan a una organización dedicada a perpetrar delitos violentos.